Costa Rica ha vivido unas semanas violentas, después de que el pasado el 30 de septiembre se iniciaran unas marchas en rechazo a las intenciones del Gobierno de buscar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares, que incluía una subida de impuestos y la venta de algunos activos estatales.
En medio de las protestas y ante el escaso apoyo político, el 4 de octubre el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, retiró la iniciativa y dijo que abriría un proceso de diálogo nacional.
Sin embargo, las manifestaciones continuaron, pues los líderes del movimiento exigían al mandatario firmar un documento en el que se comprometiera a no acudir al FMI en lo que resta de su Gobierno, a no subir impuestos y a no vender activos. Las protestas -que cesaron desde el pasado 14 de octubre- tuvieron episodios de violencia como enfrentamientos entre manifestantes y policías, y el lanzamiento de piedras y bombas molotov a vehículos policiales que resultaron con serios daños y al menos tres se quemaron por completo.
El Gobierno interpuso el 15 de octubre una demanda penal contra los organizadores de las protestas, entre ellos el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales, y el exdiputado Célimo Guido, por los presuntos delitos de asociación ilícita, instigación pública, obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos, motín, atentado, incendio o explosión.
ama (efe, La Nación)