El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, comprobó que la sociedad GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V., propietaria de Almacenes Prado y Gallo más Gallo, realizó cobros indebidos al no calcular los intereses en créditos vigentes conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor y por cobrar una tasa de interés superior a la tasa máxima permitida por el Banco Central de Reserva, según la Ley contra la Usura.
En noviembre de 2019, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, denunció ante el Tribunal Sancionador que una auditoría financiera practicada a una cartera de 42,276 créditos otorgados en el período comprendido entre el 1 de junio al 30 noviembre de 2017, determinó que este proveedor habría cobrado indebidamente a sus clientes.
El Tribunal Sancionador determinó que GMG Servicios El Salvador, S.A. de C.V., cobró indebidamente intereses contrarios a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y Ley Contra la Usura (LCU), tales como:
- Cobro de intereses superiores a la Tasa Máxima Legal permitida, en un total de 20,618 consumidores, por un monto de 725,470.96 dólares;
- Utilización de un método de cálculo de intereses contrario a la LPC, en un total de 487 créditos, por un monto de 10,413.69 dólares;
- Introducción de cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores;
- Remitir información inexacta al Banco Central de Reserva (BCR); y,
- No remisión de la información de su actividad crediticia al BCR.
Cumpliendo el debido proceso, el Tribunal Sancionador emitió resolución ordenando a la sociedad GMG Servicios El Salvador, S.A de C.V., reintegrar la suma de $735,884.65 a favor de 21,096 personas consumidoras afectadas por los cobros indebidos, y pagar una multa de $750,000.00.
El Tribunal Sancionador, a través de la resolución 1015-19 dio a GMG Servicios El Salvador, S.A de C.V., un plazo máximo de diez días contados a partir de la notificación (29 de enero de 2021) para pagar la multa en la tesorería del Ministerio de Hacienda, de lo contrario certificará su ejecución forzosa ante la Fiscalía General de la República.
El proveedor se encuentra en plazo para presentar recurso de reconsideración ante el Tribunal Sancionador o recurrir ante las instancias judiciales.
Una vez quede en firme dicha resolución, la Defensoría del Consumidor a través de su Dirección Jurídica iniciará ante los tribunales pertinentes la representación judicial de los consumidores para hacer efectiva las devoluciones de los montos cobrados indebidamente.
La Defensoría del Consumidor reiteró que no permitirá la vulneración de derechos de los consumidores, persiguiendo las prácticas ilegales con todos los recursos que le permite el marco jurídico vigente.